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El 2021 es un año que obligará a las diversas oposiciones en Venezuela a confrontar sus fracasos, sobre todo quienes en 2020 decidieron acompañar al gobierno en lo que posiblemente fue, después de la constituyente de 2017, el proceso electoral con más problemas de integridad electoral que hayamos experimentado en el país.

Los informes de las organizaciones nacionales de observación electoral dan cuenta de las irregularidades que se dieron a lo largo del ciclo electoral. En este sentido, las elecciones parlamentarias 2020 nacen muertas en el momento en que el árbitro electoral fue decidido de forma unilateral por el Tribunal Supremo de Justicia. Este pecado original proviene, por un lado, del abandono por parte de la Asamblea Nacional electa en 2015 del proceso de postulación de rectores y la búsqueda de una reforma política de largo alcance desde el inicio de su mandato, en lugar de buscar mecanismos exprés para que Nicolás Maduro terminase su mandato antes de 2018.

Ni la directiva de la AN ni los miembros de la comisión de Política Interior, tuvieron las habilidades políticas necesarias para impulsar un CNE de consenso desde el Poder Legislativo.

Es cierto que desde que la AN fue electa en 2015, el gobierno impuso veto total a todas sus decisiones y el TSJ usurpó sus funciones legislativas y de designación. No obstante, en 2019 la AN tenía el potencial necesario para forzar una negociación mínima sobre el tema electoral de cara a las parlamentarias. Sin embargo, supeditar cualquier avance en una negociación sobre las autoridades electorales a la celebración de elecciones presidenciales redujo cualquier margen de maniobra para avanzar en un tema tan importante como el del árbitro electoral y las reglas de la elección.

Por otro lado están quienes, excluidos de la negociación de Barbados por carecer de representación política real, decidieron sentarse con el gobierno en la llamada Mesa de Diálogo Nacional. Como era de esperar, esta instancia no tenía como objetivo un cambio significativo de las reglas de juego, o el requilibrar la cancha electoral, si no servir de órgano simulador de un acuerdo político. Su intrascendencia fue casi total. Y digo casi total, porque lo único que se puede rescatar de dicha instancia, y no es poca cosa, fue la liberación de un grupo importante de presos políticos.

Sin embargo, en el tema electoral quienes participaron en la Mesa de Diálogo Nacional cumplieron un triste papel en la historia electoral venezolana.

Varios de sus integrantes, en aras de “hacer política”, impulsaron el nombramiento de un CNE desde el Tribunal Supremo de Justicia. Mientras tanto, el gobierno feliz que todos, G4 y miembros de la MDN, siguieran el guion que les convenía. Así, dicho nombramiento supuso el aborto de cualquier posibilidad del regreso de la oposición del G4 a la arena electoral.

En primer lugar, porque esos rectores seguían siendo mayoritariamente oficialistas y su objetivo era mantener fuera de la competencia electoral a los líderes y partidos opositores. En segundo lugar, porque los partidos que decidieron participar anunciaron que iban a lograr o luchar arduamente por condiciones electorales justas, pero en realidad no hicieron nada significativo para que ello ocurriera. Por el contrario, avalaron un sistema electoral que potenciaba los defectos del expresado en la LOPRE de 2009, el cual ya era violatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, incluso habiendo logrado un rector afín, los partidos de la MDN poco o nada hicieron para exigir la reincorporación de los partidos que habían sido prohibidos y permitir la postulación de los dirigentes que habían sido inhabilitados. Tampoco levantaron la voz cuando fueron expropiadas las tarjetas de otros partidos o cuando las direcciones de varios partidos fueron intervenidos de forma arbitraria por el TSJ; incluyendo algunos de los que sí participaban y habían inscrito candidatos.

De hecho, algunos de sus voceros y “analistas” (no todos) parecían estar contentos con la exclusión de la competencia. Para ellos, el problema se reducía a que los partidos que no podían participar no lo hacían porque no querían y no porque desde 2016 hubo un proceso sistemático de intervención sobre el sistema de partidos venezolano por parte el gobierno, el TSJ y el CNE. En esta intervención algunos pensaron que saldrían beneficiados, de tal suerte que pudieron haber pensado que para qué iban insistir en la defensa de los derechos de los demás cuando, según sus cálculos, esa intervención los podría beneficiar electoralmente.

Sin embargo, esos cálculos no tenían asidero en la realidad. Una buena parte de los electores sabían que las elecciones eran deficientes y que quienes participaban no daban señalas claras de estar luchando por unas condiciones mejores. De esta manera, ninguno de los partidos que participó logró ganarse la confianza de la gente.

Lo más preocupante es que, al día de hoy, insisten en echar la culpa a los demás y no revisar las razones por las cuales un país que mayoritariamente rechaza al gobierno decidió no ir votar, o por lo menos no votar por ellos de forma masiva.

Así las cosas, no es lo mismo ni es igual luchar por las condiciones electorales (aunque no te las den) que decir que te dieron las condiciones cuando no era verdad. Lo peor es que ahora no pueden argumentar que fueron víctimas de un sistema electoral no competitivo, pues ellos aceptaron, ayudaron a su diseño y fueron parte de la administración del mismo. Peor aún, pedían que los demás los apoyaran, pero al final del día ni siquiera fueron capaces de lograr una coordinaron mínima entre ellos para postularse en bloque, más sabiendo que el sistema era mixto-paralelo.

Juan Manuel Trak es Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos (Universidad de Salamanca, España), Máster en Ciencia Política, Sociólogo (UCAB) y articulista.

Fuente: Tal Cual

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