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Los venezolanos de estos últimos veintidós años en eso hemos convertido al país al aceptar aquél nefasto diciembre del 99 –con votos y abstención-  transformar una democracia representativa -con errores sí, pero con muchos aciertos- en lo que hoy es.

Así cambiamos esa manera de democracia plasmada en la Constitución de 1961 en algo que llamaron protagónica según la cual era el pueblo quien directamente tomaba las decisiones. Falacia absoluta.

La Constituyente de aquél año –que produjo la Constitución que debía regir al país-  y la que acaba de cesar en funciones son un buen ejemplo de lo que afirmo.

En la primera, su promotor -Hugo Chávez – logró que sus decisiones y opiniones fueren   acatadas a pies juntillas por quiénes hizo elegir para integrarla, a través del inconstitucional kino Merentes.

Fue él quien definió el contenido de la Constitución aprobada aquél 15 de diciembre de 1999. Baste recordar la manera como se cambió el nombre de nuestro país, o la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos o lo atinente a los ascensos militares

Por lo que se refiere a la segunda -cuyas sesiones cerraron el pasado viernes 18- la declaración expresa del señor Maduro y del señor Cabello según la cuales nunca tuvo por objetivo discutir un texto constitucional sino impedirle ejercer a la Asamblea Nacional elegida por los venezolanos en diciembre del 2015, las competencias que le correspondían, demuestran lo que sostengo.

Durante este siglo 21, los venezolanos hemos tenido casi que cada año, un evento comicial, cuyos resultados no han sido unánimemente reconocidos, bien porque se desconfía de los mismos o porque desde otros poderes del estado se han adoptado decisiones que enervan los anunciados o impiden la realización del medio de participación.

Si vamos a los tiempos más recientes -por lo que se refiere a la desconfianza- en buena parte del país hay la creencia de que los resultados anunciados no se compadecieron con lo ocurrido. Ejemplo palpable de ello fue el que le otorgó el triunfo al señor Maduro en las presidenciales de abril del 2013. Hasta hoy buena parte de los venezolanos cree que el ganador fue el señor Capriles, a quien se le impidió probar su argumento.

Por lo que se refiere a los que otorgaron victorias a adversarios del socialismo que actúa en Venezuela, baste recordar lo ocurrido con la elección parlamentaria del 2015, vulnerado desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia por más de 100 sentencias en contra emitidas por quienes carecían de facultad para ello, por no reunir las condiciones requeridas por la Constitución para ser Magistrados de ese alto tribunal.

Y finalmente, si nos referimos a los abortados, debe recordarse lo acaecido el 2016 con el referendo revocatorio que se pretendió convocar a los efectos de hacer lo propio con el señor Maduro, impedido por las prácticas desplegadas desde el Consejo Nacional Electoral en comandita con jueces de provincia venezolanos que carecían de competencia para ello.

Así entonces, es una falacia conceptual afirmar que la Constitución de 1999 hizo más democrática nuestra práctica política. Ella fue el producto de un laboratorio jurídico que facilitó salir de la camisa de fuerza que significaba una Constitución que le ponía límites estrictos a los poderes del estado, para convertir a Venezuela en lo que hoy es -en palabras de un profesor que lleva años señalándolo- un ex país.

Los venezolanos nos hemos convertido en un experimento de cierta izquierda para demostrar que es posible usar las vías democráticas para acabar con la democracia. Cualquiera pudiera pensar que lo han logrado. Nuestra resistencia evidencia lo contrario.

Los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 1999 que –cual técnicos de laboratorio- abrieron la puerta para esta tragedia que hoy embarga a Venezuela ni un solo mea culpa han hecho. Seguramente no pensaron ellos que -con el paso de los años- alguno de sus familiares por el mundo estarían, tal como nos encontramos muchos de quienes a eso nos hemos opuesto durante estos más de cuatro lustros. Gracias a ellos, sus parientes comparten las penurias generales.

Gonzalo Oliveros es abogado, fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en julio de 2017. Actualmente se encuentra refugiado en Colombia.

Fuente: Miami Mundo

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