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Pensar la universidad venezolana como reflejo del país es una idea que se está gestando cada vez con mayor fuerza entre la opinión pública; sobre todo, entre los jóvenes y su representación estudiantil, quienes son hoy más que sus protagonistas, sus principales víctimas.

Si nos detenemos a pensar en Venezuela como punto de referencia encontraremos, de entrada, una emergencia humanitaria compleja agudizada por las medidas de prevención para contener la pandemia del COVID-19, el drama de un país en crisis producto de la desarticulación del Estado de derecho, el aumento de la conflictividad política y el fortalecimiento de un régimen totalitario que se empeña en ocupar todos los espacios de la vida pública. No debe parecer extraño, entonces, que la violación de derechos humanos, el aumento de medidas que favorecen el control social y los índices de desnutrición, deserción escolar, inseguridad, pobreza e hiperinflación, sean factores característicos de la Venezuela del siglo XXI. Así es como la agenda social, el cumplimiento del deber y la función de servicio han sido temas olvidados por quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Una realidad, además, de la que la universidad venezolana no se escapa y, por el contrario, pareciera adolecer con fuerza.

El reflejo de un país

Para nadie es un secreto que la falta de disponibilidad y accesibilidad a la educación universitaria en Venezuela data de años, respondiendo directamente a factores como la asfixia presupuestaria inducida por el Estado, la deficiencia en la prestación del servicio de agua, la crisis del sistema eléctrico nacional, la falta de mantenimiento a las instalaciones universitarias, y los beneficios estudiantiles sumergidos en el absurdo, incluyendo becas, servicio de comedor y transporte universitario [1].

En este contexto las universidades venezolanas han tenido que enfrentar la crisis sanitaria desatada por el COVID-19, que ha empujado a las universidades del mundo a suspender sus actividades presenciales y optar por los servicios virtuales y medios digitales para dar continuidad a las actividades académicas. Sin embargo, la realidad es que el sistema educativo venezolano está sumergido en un estado de emergencia que se presenta actualmente como uno de los desafíos más grandes del país: contrarrestar el abandono de la infraestructura, persuadir la desinversión gubernamental, contener los niveles cada vez mayores de deserción estudiantil y profesoral, paliar el rezago tecnológico y resistir junto a unas autoridades desgastadas, en su mayoría incapaces de dar respuestas concretas. Estamos ante una tarea cada vez más compleja. Sobre todo, cuando el colapso de los servicios públicos y la dificultad que representa acceder a Internet en Venezuela se presentan como las principales barreras para implementar la modalidad de “educación a distancia”.

En este punto consideramos los distintos testimonios que nos comparten estudiantes universitarios a lo largo y ancho del país, que revelan durante los últimos meses un aumento en el número de robos y transgresión directa a la infraestructura. Por otra parte, la contradicción existente entre la falta de recursos y la escasa transparencia en la gestión de los mismos, además de la fragilidad de un sistema educativo público que –como se ha dicho– no cuenta con las condiciones mínimas para hacer frente a las limitaciones impuestas por el confinamiento, y que se debate entre la suspensión total de actividades y la implementación de mecanismos alternativos que permitan mantener activo el método de enseñanza. Sin embargo, la realidad es que, según los jóvenes consultados –muchos de ellos en calidad de representantes estudiantiles–, cerca del 60 % de los estudiantes de la región andina, por ejemplo, carecen de conexión a Internet y los dispositivos electrónicos necesarios para acceder a la web. Asimismo, cerca del 40 % de los profesores no cuentan con los recursos necesarios para asumir la modalidad online como vía alternativa de enseñanza y aprendizaje. Al final del día, la situación del profesorado y sus míseros salarios tampoco escapan de la crisis.

En relación a la región central, descubrimos la experiencia de estudiantes que se mantienen a la expectativa entre la suspensión total y parcial de actividades. En algunos casos se han implementado iniciativas a través de distintas plataformas digitales como Zoom, Google Meets, chat de WhatsApp y correo electrónico tradicional para recibir las clases y entregar asignaciones, sin embargo, esto incluye a un porcentaje mucho menor de lo esperado. Nuevamente, los recursos están limitados y los canales de comunicación obstruidos. Y, aun así, diversas propuestas comienzan a brotar del ingenio del estudiantado y sus representantes, quienes se empeñan en reivindicar su derecho a la educación a toda costa.

El escenario hacia el oriente del país es menos alentador. Desde el inicio de la cuarentena, la Universidad de Oriente (UDO) asumiría una postura más radical: no hay clases, ni presenciales, ni virtuales. La UDO, en sus distintos núcleos, es una de las instituciones más afectadas por la crisis en todo el país; ha registrado un sinnúmero de flagelos, ataques a sus instalaciones y una reducción de su matrícula cercana al 70 % en los últimos meses.

Milena Bravo, rectora de la UDO, afirmó: “[…] solo mentes perversas pueden participar en el incendio de una biblioteca”, aludiendo a los sucesos de la madrugada del 1 de junio, cuando un incendio acabó con el 80 % de la colección de la biblioteca del Núcleo Sucre de la Universidad de Oriente [2]. Las pérdidas son incalculables. La universidad creó esta biblioteca hace más de sesenta años, y se logró acoplar en ella una importante colección tanto de títulos para consulta, como de tesis de grado y posgrado». Fue un material de conocimiento incalculable e invaluable que, según las estimaciones de la rectora, nunca podrá recuperarse. Un episodio que es comparable con las acciones de la Alemania nazi “contra el espíritu no alemán”, cuando los mismos universitarios auspiciados por el régimen nacionalsocialista quemaron los títulos de autores que no coincidían con sus marcos ideológicos: “El Estado ha sido conquistado. Faltan las universidades”, fue la proclama durante la quema de libros…

Afortunadamente, en esta oportunidad, la comunidad universitaria se ha organizado para recuperar los libros que “se salvaron” y dar inicio a una campaña de recolección de textos y publicaciones que permitan construir una nueva biblioteca. Recordemos que el Núcleo Sucre también ha sufrido otros ataques: en abril fue incendiado el Instituto Oceanográfico, y a mediados del año pasado ocurrió lo mismo con el auditorio. Recientemente, también fue desmantelado el techo de la Escuela de Ciencias de la Tierra del Núcleo Bolívar.

Una catástrofe que ubica a la UDO, según datos de la organización Aula Abierta, como la segunda universidad más asediada por el hampa durante la cuarentena, con un total de veintiún incidentes, detrás de la Universidad del Zulia (LUZ) –31 casos– y la Universidad de Los Andes (ULA) –doce casos registrados– [3].

Si bien el estudio anterior ubica a la Universidad Central de Venezuela (UCV) entre las universidades más afectadas por la inseguridad, en el campus de la máxima casa de estudios del país recientemente la infraestructura también se ha venido abajo. La conmoción tras el derrumbe parcial del techo de la caminería “número 5”, ampliamente divulgada en redes sociales y acompañada por un profundo sentimiento de nostalgia e indignación, dejaba ver el estado deplorable en el que se encuentran los recintos universitarios. Así, desde la mañana del 17 de junio, por si quedaba lugar a dudas, la universidad venezolana se mostraba ante los ojos del mundo como el reflejo del país.

Al parecer, veinte años de reconocimiento como “patrimonio mundial, cultural y natural de la humanidad” por la Unesco no han sido suficientes para preservar la obra de Villanueva y hacer frente a la dictadura. Falta voluntad y presupuesto. Sobran los obstáculos y las excusas.

Desde el Consejo de Prevención y Desarrollo (Copred) de la UCV reconocieron que la última reparación correctiva que se le hizo a la estructura data del año 2004. Por ello, Aglais Palau, directora de Copred, sostuvo la necesidad de levantar un informe técnico para determinar qué ocasionó el accidente y cuáles serán los pasos a seguir en adelante para levantar las ruinas y evitar el desplome completo de una infraestructura vejada por el paso del tiempo… y los gobiernos.

El alcance mediático de la noticia fue tal que hasta las autoridades menos esperadas hicieron acto de presencia. Cecilia García Arocha, actual rectora de la UCV, aprovechó la oportunidad para recordarle a César Trompiz, actual ministro de Educación Superior, su deber con la universidad venezolana, la cual no debe ser vista como una “ayuda”, sino como una responsabilidad desde hace mucho tiempo evadida por parte del Gobierno venezolano: “Este pasillo, hoy por hoy, está sufriendo las consecuencias de lo que está sufriendo el país, tenemos juntos que hacer lo posible por recuperarlo”, sentenció Arocha [4].

Recientemente, la etiqueta #MeDueleCagua se convertiría en tendencia por denuncias de estudiantes de la UCV sobre los actos vandálicos de los que ha sido víctima el núcleo Armando Mendoza de Cagua, estado Aragua, quienes mostraron a través de mensajes contundentes y fotografías recientes la situación de las instalaciones del recinto donde hacen vida más de trescientos estudiantes de Ingeniería. “Negligencia, deterioro, abandono, vandalismo, sombra, impotencia, destrucción”, fueron parte de los mensajes enviados por los jóvenes estudiantes que buscan rescatar el sentido de pertenencia y sensibilizar a la población en general sobre la importancia de preservar nuestros espacios como el verdadero legado que enriquece la memoria histórica venezolana.

Si bien la vida de José Gregorio Hernández demuestra la posibilidad de encarnar el Evangelio en la sociedad venezolana de comienzos del siglo XX, hoy se nos presenta como luz en nuestro imaginario social y como un desafío que nos invita a seguir su ejemplo en pleno siglo XXI.

Una invitación a “hacer el bien”, defendiendo con brío el futuro del último reducto moral de nuestra nación golpeada: la juventud venezolana.

[1] Aula Abierta (2020). Informe preliminar: afectaciones a la educación de calidad en las universidades públicas venezolanas en el marco del COVID-19. En: https://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2020/04/AFECTACIONES-A-LA-EDUCACI%C3%93N-DE-CALIDAD-EN-LAS-UNIVERSIDADES-P%C3%9ABLICAS-VENEZOLANAS-EN-EL-MARCO-DEL-COVID-19-1.pdf

[2] GONZÁLEZ, I. (2020). Milena Bravo, rectora de la UDO: “Solo mentes perversas pueden participar en el incendio de una biblioteca”. 8 de junio. En: https://www.elnacional.com/venezuela/milena-bravo-rectora-de-la-udo-solo-mentes-perversas-pueden-participar-en-el-incendio-de-una-biblioteca/

[3] Aula Abierta (2020). En cuarentena: al menos 72 veces las universidades fueron atacadas por el hampa. 2 mayo. En: https://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/05/01/en-cuarentena-al-menos-72-veces-las-universidades-fueron-atacadas-por-el-hampa/

[4] INOJOSA, C. (2020). “Informe técnico determinará qué ocasionó el colapso del pasillo techado de la UCV”. 17 de junio. En: https://cronica.uno/informe-tecnico-determinara-que-ocasiono-el-colapso-del-pasillo-techado-de-la-ucv/

Daniela Paola Aguilar es Internacionalista egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), actualmente es jefa de redacción de la Revista SIC del Centro Gumilla

Fuente: Revista SIC

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