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La Iglesia ha venido insistiendo reiteradamente que la solución a la crisis venezolana pasa por la vía electoral. No es una creencia infundada. Lo muestra el aprendizaje histórico de países como Chile, Polonia, Sudáfrica, entre otros. Sobre este asunto hay mucha investigación, no es cuento, ni misión imposible.

Ahora bien, para que la llamada Fuerza Democrática obtenga resultados favorables en unos eventuales comicios, debe existir una unión estratégica interna que le permita recuperar credibilidad ante la sociedad y que sirva como base para movilizar electoralmente. El desafío más grande que tiene es, sobre todo, pasar de la fragmentación y los revanchismos personalistas a la unidad estratégica y convencerse, además, de que la vía electoral es la vía pacífica más adecuada y no otro tipo de aventuras desesperadas. El descontento de casi un 90 % de la población no garantiza triunfo si no existe un piso de confianza para movilizar; y esa confianza se construye con hechos y propuestas creíbles.

Por ahora, mientras la oposición es un ring de boxeo, el PSUV está engrasando la maquinaria del miedo, el chantaje y el fraude para medirse en un posible escenario electoral, cuya agenda y tiempo sólo conocen ellos; además, el régimen ha ido creando, vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una oposición a su medida, desmontando a los partidos políticos emblemáticos y, con el mismo nombre, pero con militantes focas, configurándolos a su imagen y semejanza.

Entonces, no esperemos la oferta de elecciones competitivas de parte del régimen. El único camino es la presión social y política por un CNE medianamente aceptable, la organización-movilización para revertir las malas condiciones con avalancha de voto y la organización política, para vigilar y defender los resultados.

En el campo social, el régimen ha venido trabajando con el esquema del policía malo y el bueno. Por un lado, se despliega un esquema de terror de Estado con persecución política, prisión, tortura, cierres de medios de comunicación, ilegalización de partidos políticos emblemáticos, entre otros. Basta con leer el informe Bachelet de 2019. Por otro lado, se va gestando una reorganización de las bases del PSUV, que en medio de la pandemia han estado trabajando con eficacia en el control de los negocios de comida, gas, agua, transporte, porque con el quiebre de los servicios públicos todas las dimensiones de la vida se están «claptizando», creando mayor dependencia al partido del régimen, cuyos militantes van controlando el acceso a los bienes básicos.

En la sala de tortura llamada Venezuela, mientras el policía malo reprime y controla, el policía bueno -cual lobo disfrazado de Caperucita- es el vecino que pide estar organizado y apoyar al Clap y a la comuna para que llegue la bolsa de alimento, el gas, el agua; eso sí, sin protestar porque «hay que ser agradecidos», como repiten muchos con fuerte convicción ideológica. Esto está ocurriendo en Caracas y Miranda, por lo menos. En el interior del país no es así; allí el colapso es de tal magnitud que crece la tendencia a desvincular la vía político-electoral como solución, generando despolitización del imaginario social.

En los sectores populares, las remesas habían generado autonomía y solvencia respecto al CLAP, pero ahora con la recesión de remesas y el colapso de todos los servicios públicos se han creado las condiciones para una mayor dependencia. Esto significa que, en este tiempo de cuarentena, el Gobierno ha fortalecido sus mecanismos de desmovilización social y política, tanto por la vía del miedo como por la dependencia de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Claps). Todo apunta, pues, a quebrar no solo a los partidos políticos de oposición como fuerzas alternativas sino, también, a erosionar su maquinaria de base y, aún más, profundizar el desencanto hacia ellos por parte de la mayoría de la población.

El Gobierno está preparando el terreno para unas elecciones parlamentarias que le confieran legitimidad y mayor control de los poderes públicos, para desmontar -desde su perspectiva- la presidencia interina de Juan Guaidó o cualquier otro ensayo parecido, cuya legitimidad descansa en la Asamblea Nacional como institución.

Mientras tanto, la oposición política sigue fragmentada, sin un antídoto contra el virus del revanchismo, el personalismo y con la dificultad de acordar una solución política, cediendo terreno a un régimen que ha decidido permanecer en el poder contando con las Fuerzas Armadas y la maquinaria del partido, y a espaldas de una mayoría descontenta, atomizada, empobrecida y desmovilizada, dedicada a sobrevivir.

No está fácil el escenario, pero es necesario apostar y abrir posibilidades. La violencia de la pandemia obligó a un acuerdo en salud entre oposición y régimen; esperemos, que la inminencia de los comicios lleve a la oposición a un acuerdo político interno que se exprese en una unión estratégica, para no acabar con el poco oxígeno que nos queda.

Alfredo Infante, sacerdote jesuita, actualmente es director de la Revista SIC del Centro Gumilla y párroco en la iglesia de San Alberto Hurtado, ubicada en la parte alta de La Vega

Fuente: Revista SIC

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